El rechazo al proyecto de nueva constitución en Chile

El cuatro de septiembre recién pasado, las 16 regiones o unidades territoriales que integran Chile tenían una cita con la historia: aprobar el Proyecto de Nueva Constitución (PNC) elaborada por la Convención Constitucional, y, así, ponerle fin a una Constitución vigente, pero espuria y con vicio de legitimidad, desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990); la cual ha servido para establecer una serie de reglas para facilitar la implementación y operatividad del neoliberalismo, despojando de derechos a contingentes poblacionales –derechos como el agua, derechos laborales colectivos y seguridad social-.

Este proceso o, como lo titulan en Chile, itinerario constitucional, tiene sus orígenes en las revueltas originadas en el año 2019, específicamente el día 6 de octubre, las cuales empezaron como protestas de estudiantes por el alza del precio del pasaje del metro -30 pesos-. Con el desarrollo de estas protestas, se posicionó la consigna que sintetiza a la perfección el malestar social de Chile: “no son los 30 pesos del aumento del pasaje del metro, sino los últimos 30 años en los que se ha sometido al pueblo chileno a un modelo económico que no cumple con los estándares de una sociedad justa”.

Y es que, desde el retorno de la democracia liberal -1990-, se instauró un modelo privado para solucionar muchas demandas sociales: pensiones, agua y salud, entre otras. Sin embargo, la calidad de vida, con el pasar de los años, se ha ido deteriorando. A guisa de ejemplo: el transporte público en Chile es uno de los más caros del mundo en relación al ingreso medio, de un total de 56 países, Chile es el noveno más caro, las familias más empobrecidas pueden gastar casi el 30% de sus ingresos en este servicio; asimismo, muchos hogares en Chile, con el fin de costear necesidades básicas, deben de endeudarse con el 70% de sus ingresos totales.

En este escenario, el aumento de los 30 pesos al metro, como dijeron los analistas, solo es la punta del iceberg de un modelo desigual que reparte pobreza y muerte para las mayorías. Así, el estallido social era inevitable. Estas revueltas derivaron en un camino constituyente que se formalizó con el Acuerdo de Paz contenido en el documento por la Paz Social y una Nueva Constitución del día 15 de noviembre de 2019. Posteriormente, el 24 de diciembre de ese mismo año, se hace pública la reforma al capítulo XV de la Constitución con el propósito de establecer un procedimiento para elaborar une nueva Constitución. Luego, el día 20 de octubre de 2020, se realizó un plebiscito nacional donde, con un 78.2% de los votos, la ciudadanía aprobó la redacción de una nueva Constitución; y, asimismo, con un 79% de los sufragios, se decidió que esta se hiciera con una Convención 100% elegida. Esta Convención se conformó entre el 15 y 16 de mayo de 2021, siendo elegidos 155 convencionales constituyentes.

El resultado del trabajo de esta Convención Constituyente, compuesta de forma paritaria por mujeres y hombres, fue un texto que consta de 178 páginas, 388 artículos y 54 normas transitorias. En este texto constitucional Chile pasaría de ser un Estado Nacional Democrático a uno Plurinacional, Intercultural y Democrático; reconociéndose la diversidad cultural y el diálogo entre culturas, el pluralismo jurídico, la plurinacionalidad a favor de los pueblos originarios, los derechos de la madre tierra –pachamamasofía-, los derechos laborales colectivos, las tareas del cuidado como un trabajo que no se reduce a un ámbito privado, derechos socioambientales; así como la participación política de las mujeres y el derecho a abortar.

Así, el día 4 se septiembre de 2022, cerca de 13 millones de chilenos salieron a votar para aprobar o rechazar el Proyecto de Nueva Constitución; la cual, como lo muestran los resultados, fue rechazada con un 62% de los votos, mientras que solo el 38% votó por el apruebo. En otras palabras un aproximado de 8,060,000 personas votaron a favor del rechazo y, por otro lado, unas 4,940,000 personas votaron por el apruebo. Con la victoria del rechazo, la Constitución de 1980, redactada durante la dictadura de Pinochet y reformada parcialmente en la transición democrática, seguirá vigente.

Esta derrota amplia y contundente no solo genera una crisis en el gobierno de Boric y la alianza de partidos que lo apoyan, sino que, además, la genera en el movimiento popular que se lanzó a las calles en el 2019 para exigir la renuncia de Sebastián Piñera y el fin del neoliberalismo en Chile.

Una de las razones por las cuales se ha dado esta derrota proviene de los caminos elegidos por Boric y los partidos que lo respaldan que se agrupan en el Frente Amplio: desactivaron la protesta, respaldan a Carabineros y a todo el aparato represivo desde el día en que llegaron a la Moneda. Este camino se fue profundizando al punto que Boric se reunió con Bachalet, en casa de ella, para revisar el proceso constituyente; siendo Bachalet parte de la desgastada y desprestigiada casta política chilena. Asimismo, Boric ha reestablecido el estado de excepción en Wall Mapu, permitiendo el despliegue de fuerzas armadas para tratar de “apaciguar” el conflicto mapuche, quienes defienden su territorio contra el Estado y empresas forestales que explotan sus tierras consideradas ancestrales. Con esto, Boric muestra una clara continuidad con los gobiernos anteriores.

Aunado a lo anterior, la Convención Constituyente, con el paso del tiempo y a medida que avanzaba en los resultados del Proyecto de Nueva Constitución, fue perdiendo legitimidad y credibilidad; esto, como consecuencia de la llegada de Boric al Gobierno, puesto que estaba fuertemente vinculado a la génesis del proceso constituyente. Así, estar en contra del proceso constituyente implicaba ser oposición del nuevo gobierno.

Con estos resultados, en un posible escenario, el centro del debate se traslada ahora al parlamento, donde domina la derecha. En esa Institución, Boric tratará de llegar a acuerdos para empezar otro itinerario constitucional y, así, someter a un proceso similar la aprobación del Proyecto de Nueva Constitución. Otra alternativa es convocar una Comisión de expertos compuesta por integrantes de partidos políticos y la academia, quienes tendrían la tarea de realizar una propuesta de nueva Constitución. Por último, el escenario menos probable, es que se reforme la actual Constitución pinochetista, la cual, como ya se dijo, tiene un vicio de legitimidad.

Con todo, no hay que perder de vista que lo ocurrido el 4 de septiembre de 2022 no es un abandono, no es rechazar la Propuesta de Nueva Constitución para seguir con la Constitución pinochetista; sino, más bien, ha sido un rechazo para seguir con el camino hacia una nueva Constitución. Expertos y expertas analizan que el rechazo ha sido al mecanismo y a la forma en que se desarrolló el proceso de elaboración de nueva Constitución, pero no a una nueva Constitución. Lo cierto es que debemos estar a la expectativa de lo que se desarrolle en Chile, ya que el momento es histórico y significaría ponerle fin a un instrumento oligárquico que únicamente ha generado pobreza y desigualdad social.

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