Legalizar los daños y contaminación al medio ambiente, una acción recurrente de los depredadres ambientales
Actualmente los marcos normativos ambientales en El Salvador poseen más un énfasis en lo meramente administrativo que en lo ambiental; especialmente el régimen de permisos o autorizaciones, los cuales son concebidos como un acto administrativo que contienen la venia del Estado para poder ejecutar una obra, proyecto o construcción sin la consideración necesaria de aspectos importantes como el “impacto ambiental acumulado” y la “variable cambio climático”; así como la participación efectiva de las personas interesadas en la defensa del territorio.
En este sentido, poseemos un ordenamiento jurídico ambiental que únicamente establece una tramitología para expedir un permiso sin evaluar profundamente los verdaderos impactos en los diversos elementos que componen los ecosistemas y en la calidad de vida y salud de las personas. Este esquema hace que la Ley sea débil y se creen espacios para que los depredadores ambientales puedan legalizar sus actuaciones nocivas a la salud de los ecosistemas y de las personas.
Por ejemplo, encontramos casos de constructoras, canteras, botaderos, y otros similares que han intentado legitimar y legalizar sus daños medioambientales. Destacamos que en la comunidad Santa Lucía, municipio de Ciudad Arce, La Libertad; la granja porcina Montefresco Santa Elena busca obtener de nuevo permiso ambiental para su funcionamiento. El titular del proyecto contaba con permiso ambiental y sanitario, el primero expedido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el segundo por el Ministerio de Salud Pública pero ambas autorizaciones fueron retiradas en el año 2014 debido a las malas condiciones ambientales e higiénicas en que se encontraba el local.
La granja no cuenta con sistema de tratamiento de aguas servidas, los cerdos se crían sobre la cerdeza, es decir, sobre agua mezclada con desperdicios de sus alimentos y excretas; posee fosas comunes sin impermeabilizar; realiza vertido de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento a la quebrada Los Chorritos, que es tributario del Río Amayo y sobre el cual yacen pozos para el abastecimiento de agua para consumo humano. Estas deplorables condiciones socioambientales han generado daños al aire (debido a malos olores), agua (por la contaminación a las fuentes de agua), tierra (puesto que el agua servida se infiltra) y, asimismo, en la salud, vida y moral de las personas que habitan en dicha comunidad; quienes han reportado casos de parálisis facial, la ingesta de alimentos con malos olores, la generación masiva de vectores, enfermedades intestinales o estomacales; así como un daño a su dignidad o moral.
La situación de violación del derecho a un hábitat adecuado para la vida humana y natural que genera la operación de esta granja intenta ser legalizado por el titular del proyecto. El viernes 23 de julio de 2021 ha iniciado la consulta ciudadana (opinión consultiva, nota: si este es la forma como se denomina en la Ley dejemos ésta) que corresponde al procedimiento administrativo para la emisión del permiso ambiental; este espacio de participación, que tiene una duración de 10 días hábiles, culminará el día 12 de agosto. Durante este plazo es menester que nos pronunciemos, como población organizada, para exigir al Ministerio de Medio Ambiente que no emita el permiso ambiental, ya que lo que se busca es legalizar los abusos y los daños medioambientales a la salud y calidad de vida de las personas.
Desde ReverdES exigimos al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales que, de no llevar a cabo la medidas de mitigación y compensación necesarias debido a los problemas que genera la operación de la granja porcina, no emita el permiso ambiental para la Granja de Cerdos Montefresco Santa Elena, para que con este tipo de acto administrativo demuestre que, en realidad, protege la salud y calidad de los bienes naturales; de lo contrario, evidencia que su gestión privilegia la expedición de permisos ambientales sin importar los daños y la opinión de la población, y con ello más que un ministro que trabaja por el bien común parece un gerente que actúa para maximizar ganancias de las empresas que acuden a solicitar permisos ambientales.
