El agua: un bien en disputa

Existen frases trilladas, es decir, de uso común o frecuente, en torno al agua, tal como “el agua es vida”. Esta frase en específico, si bien, como se ha dicho, posee un uso común y frecuente, no deja de ser profunda, razonable y llena de un verdadero significado. En efecto –y no hace falta ser científico o especialista en alguna ciencia natural- el agua es la esencia de la vida tal y como la conocemos: los humanos, los animales, las plantas, los árboles, el funcionamiento de la sociedad y la economía mantienen una relación en condición de dependencia con el agua. Es sencillo, sin el agua, la vida misma no sería posible, ni la sociedad funcionaría como ha funcionado hasta ahora.

Sin embargo, a pesar de la función sustancial que tiene el agua para el sostenimiento de la vida, las lógicas y criterios del sistema capitalista/extractivista nadan en contracorriente de la vida. Sabido es que el sistema capitalista y su sistema neoliberal, al tocar un bien o una actividad, tienden a mercantilizarla, a comercializarla y a asignarle un valor dinerario; ejemplo de ello es la cotización del agua en la bolsa de valores de Wall Street.

Entonces, en este sentido, para el sistema capitalista el agua –así como todas las cosas- no posee valor, no tiene ninguna importancia, mientras no ostente un valor mercantil o de cambio. En otras palabras, no es crucial que el agua satisfaga necesidades básicas esenciales para la producción y reproducción de la vida digna de las personas; esto no es trascendental, puesto que lo único que realmente importa es la competitividad en la “producción” del agua en el mercado.

Esta racionalidad competitiva predica que aquello que no puede competir en el mercado, que no pueda cuantificarse monetariamente, debe desaparecer o ser transformado en un artículo con valor de cambio. En este entendido, el agua es cooptada por el mercado bursátil (Wall Street), por la industria –en el caso de El Salvador, se puede mencionar a Industrias La Constancia (ILC) dueños de la marca Coca Cola y Pilsener, quienes han causado graves impactos en el acuífero de Nejapa al hacer un uso intensivo del agua para producir bebidas artificiales y, para mayor perjuicio, paga una tarifa muy baja sustentado en el hecho que maneja sus propios pozos, siendo este pago una limosna para ANDA. Otro ejemplo, es el sector inmobiliario –conocido es ya el caso de Valle el Ángel, a quien ANDA le otorgó 200 litros de agua por segundo para su construcción; así como el caso FIHIDRO, en la Cordillera del Bálsamo, la Libertad, el cual es un contrato de fideicomiso que otorga más de 14,000 acometidas de agua para la construcción de todas las residenciales de lujo que yacen camino a la zona costera del departamento de La Libertad. Todo, con la finalidad de crear valor de uso o mercancía, gracias al agua, en el mercado de bebidas y en el inmobiliario.

Y así, podríamos seguir con una larga lista de ejemplos en los que el agua se ha mercantilizado. Ahora bien, esta mercantilización, que se expresa en el uso del agua para fabricar productos y prestar servicios, produce muerte, destrucción de la vida en todas sus manifestaciones y niegan Derechos Humanos. Este despojo del agua a través de mecanismos de mercado, situación en la que el Estado utiliza sus instituciones para legitimar este despojo, lleva a la injusticia hídrica que golpea a comunidades rurales o periurbanas, empobrecidas y marginadas.

En esta línea de ideas, el mercado niega la vida digna, la salud y la integridad corporal de estas personas, quienes comparten características comunes: personas que viven en comunidades precarizadas, con bajos ingresos económicos, excluidas; pero que, por otra parte, cuentan con ríos u otra fuente de agua para satisfacer, en alguna medida y siempre que la calidad del agua lo permita, necesidades de higiene, recreación o espirituales. Son estas comunidades las víctimas del despojo y del saqueo del agua que hacen las industrias, los centros de recreación, el sector inmobiliario y el sector industrial, quienes se escudan bajo un discurso que promete empleo, desarrollo e inversión pero que, en la realidad, son promesas que poco o nada tienen de sincero.

Como se ha dicho, existen ejemplos sobrados de esta injusticia hídrica, en la que el agua rompe su curso natural hacia abajo y, en su lugar, recorre su cauce hacia arriba por obra del poder económico. No es justo que Industrias la Constancia tenga ganancias exorbitantes a costa del agua y pague, incluso a veces, una tarifa menor que paga cualquier salvadoreña y salvadoreño; no es un acto justo que la hidroeléctrica Sensunapán S.A. de C.V. quiera cooptar el agua del río Sensunapán y vedar de su acceso a las comunidades indígenas, quienes tienen derechos consuetudinarios y una cosmovisión respecto de este río; constituye una injusticia que en carretera hacia el Puerto de La Libertad exista un campo de golf que utiliza enormes cantidades de agua para su mantenimiento, mientras que personas de Zaragoza no cuentan con agua domiciliar; así como es injusto que en Apopa se esté degradando el territorio y se esté privando de acceso a agua de calidad y cantidad a habitantes de este municipio, todo, porque el agua se destina a la especulación inmobiliaria.

En fin, lo que opera es una lógica de retribución, es decir, un razonamiento según el cual la víctima es culpable de su propio victimismo. En el caso que hablamos, estas personas son culpables de su propia situación de despojo y desabastecimiento de agua; son culpables por el simple hecho de vivir en zonas rurales o periurbanas y por no tener ingresos económicos considerables. Esta lógica lo que provoca es profundizar esta injusticia y obstaculizar la lucha por el agua, puesto que se genera la idea que, por más traten de transformar su situación de víctimas, su destino de muerte no cambiará.

Sin embargo, en esta condición de víctimas, estas comunidades organizadas han librado una lucha por la vida, una lucha por el acceso al agua potable en cantidad y calidad adecuada. Así, colectivos integrados por comunidades despojadas del agua, organizaciones territoriales, asociaciones, iglesias y personas que simpatizan con esta causa; realizan acciones de incidencia política en estos territorios, con la finalidad de empoderarse y hacer lucha organizada desde abajo; asimismo, inciden en instituciones del Estado, con el objetivo de reconfigurar la estructura estatal de forma que esta beneficie a la comunidad de víctimas.

Esta lucha que reivindica la vida es totalmente contraria al mercado, al capitalismo, que, como ya dijimos, promueve la muerte y la destrucción de todo lo que existe. La disputa por el agua es la disputa por la vida, no solo la humana, sino, la vida en todas sus manifestaciones. La lucha que libran estas comunidades, en conclusión, es para hacer valer la trillada y sencilla frase que se dijo al inicio de este artículo: el agua es vida y no una mercancía al servicio del poder económico.