Crisis ambiental y economía especulativa fomentada desde el Estado
Recientemente el gobierno anunció un conjunto de proyectos de inversión de Asocio Público Privado (APP), es decir, proyectos que entregan un bien público propiedad del estado y de la ciudadanía a un inversionista privado para que lo explote por 25 años o más, para obtener lucro
Entre los proyectos APP figuran grandes obras como carreteras, terminales de carga en el aeropuerto, videovigilancia, también la entrega a manos privadas un parqueo de 8 niveles en el centro de gobierno que genera rentabilidad, y la administración del nuevo centro del gobierno en Antiguo Cuscatlán.
Para decidir cuáles APP se ejecutan, PROESA (Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador) utiliza una metodología basada en el “análisis del costo beneficio” y en el “cálculo del valor por dinero” sin tomar en cuenta estudios sociales ni de impacto ambiental.
El argumento usualmente utilizado para justificar estos APP es la generación de empleo, pero debemos preguntarnos sobre ¿quién será el real beneficiario que se llevará los máximos beneficios? ¿Cuál es el impacto ambiental de todas esas obras? ¿cómo afectarán el acceso al agua de la población? ¿cuántos árboles se van a talar? Y sobre todo, si unos pocos ganan porque se les entrega en concesión un bien público para que les genere rentabilidad porque se mercantiliza, ¿Quiénes pierden?
La adecuada evaluación ambiental de los proyectos no es una fortaleza del gobierno. Por ejemplo, el MARN le ha otorgado permisos ambientales de forma fraudulenta y con irregularidades a la empresa Dueñas y hermanos, para la construcción del inmenso proyecto urbanístico de Valle del Ángel al norte de San Salvador, sin tomar en cuenta o realizando una incorrecta evaluación del alto impacto que provocará en los mantos acuíferos de la zona.
Este y otros nuevos proyectos de urbanización seguirán utilizando el agua potable de forma injusta e inequitativa, pues quitan el agua a los sectores más pobres en las zonas aledañas. Por ejemplo, las colonias y urbanizaciones construidas en la zona de la Cordillera del Bálsamo, en dónde además el Estado ha invertido en carreteras para mejorar el acceso, con el agravante de no contar con sistemas de alcantarillado adecuado contaminando las pocas fuentes de agua con las que se abastecen las familias de las comunidades.
El Salvador es uno de los países con mayor concentración de la tierra, sin embargo recientemente, el gobierno anunció la creación de un nuevo código agrario para “regular la propiedad y posesión de la tierra rústica productiva y las relaciones de inversiones” en el cual se facilita el dominio de la tierra a favor de los grandes inversionistas, despojando a las familias campesinas y cooperativistas quienes producen alimentos, para el montaje de grandes proyectos extractivos sin pensar en las formas de proteger el medio ambiente ni el agua.
El Salvador posee una economía neoliberal, en la que la especulación es un factor importante utilizado por el gobierno para atraer grandes inversionistas, la reciente Ley del bitcoin es un ejemplo dramático de esto. Esta ley representa un gran peligro para la economía de los más pobres y para la naturaleza, porque los inversionistas gestionan sus empresas para maximizar ganancias, sin preocuparse demasiado por el cuido del medio ambiente. El bitcoin es una amenaza para la gente, porque está diseñada para favorecer a los ricos y chuparles a los pobres sus pocos recursos, mientras garantiza el anonimato total a sus inversionistas.
Todo esto agravará la crisis ambiental y del agua, y por lo tanto también la crisis de la agricultura. Los campesinos, que nos alimentan, sufren esta amenaza y se pone en riesgo el abastecimiento alimentario profundizado por la crisis económica, social, ambiental y climática que vivimos, pero también por la improvisación y las desquiciadas torpezas del gobernante.
(Elaborado con información de los sitios web de PROESA www.proesa.gob.sv; Dirección de Asocios Público Privados www.dapp.gob.sv; Ministerio de Agricultura y Ganadería www.mag.gob.sv; medios de prensa)
