Una ley general de aguas deficiente

En la actual legislatura 2021-2024 (en la cual predomina el oficialismo) se envió a archivo todo el trabajo y avance realizado durante años de participar en las discusiones en la Asamblea Legislativa, y se está realizando el proceso de formación de Ley de Aguas.  Tal discusión se realiza sobre la base de la propuesta de Ley de Recursos Hídricos que presentó el Presidente Bukele, a través de los Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Obras Públicas.

Esta propuesta de Ley es, en esencia, una recopilación de diversos plexos normativos, ya superados algunos en las discusiones anteriores y en el anteproyecto de ley que los diputados de NI enviaron a archivo, es decir, no contempla  aspectos totalmente diferentes de las propuestas que ha realizado el movimiento social; de hecho, desecha aspectos tan importantes como el enfoque de cuenca, la participación ciudadana y, por el contrario, garantiza la seguridad jurídica a los depredadores del agua mediante el régimen de permisos y autorizaciones

En este sentido, el parlamento se encuentra discutiendo una Ley que, además de ser deficiente en aspectos necesarios como los mencionados en el párrafo anterior, es anacrónica, pues no corresponde a la época actual, ya que las condiciones hídricas, climáticas, y de los ecosistemas, han empeorado o agravado  y, por  lo tanto, discutir una Ley de Aguas con sesgos que datan del año 2006 hace que la discusión de contenidos no corresponda a la crisis e injusticia hídrica que flagela a los más empobrecidos, ni a la naturaleza misma.

Por ejemplo, en los últimos años, los acuíferos en las zonas costeras y centrales han retrocedido hasta 13 pies (4 metros), una tendencia extremadamente alarmante; asimismo, más del 90% de las fuentes de agua superficial en el país están contaminadas. Sumado a lo anterior, ninguno de los principales ríos del país se puede purificar para beber mediante métodos convencionales como la filtración o la cloración. Además, el corredor seco tiende a profundizarse.

Toda esta situación se debe a los desequilibrios de poder en la toma de decisiones que, históricamente, han otorgado el uso prioritario del agua a la agroindustria azucarera, al sector industrial y a la especulación inmobiliaria (tal y como lo hace Bukele en su propuesta de Ley de Aguas).

En este orden de ideas, los contenidos de la propuesta de Ley de Recursos Hídricos en discusión no corresponden a la crisis actual; puesto que, en el régimen de permisos y autorizaciones se otorgan quince años para las grandes sociedades que sobreexplotan el agua, mientras que para fines de abastecimiento humano el plazo del permiso es de cinco años; asimismo, no contempla aspectos sobre la contaminación de fuentes subterráneas mediante vertidos; no se prevé la gestión comunitaria del agua, el saneamiento del agua y ambiental, tampoco la moratoria de funcionamiento de represas.

Por lo anterior, y para que exista una Ley de Aguas que ofrezca herramientas idóneas para responder a la crisis actual, como ReverdES exigimos:

1. Que se reconozca la gestión comunitaria del Agua;
2. Que se contemplen mecanismos de saneamiento público del agua;
3. Que se establezca la moratoria de 30 años para la instalación de empresas;
4. Que se reduzca el plazo de 15 años de la autorización para la sobreexplotación del agua para fines mercantiles.
5. que se contemple contenido para palear los efectos en el agua ocasionados por el cambio climático y el corredor seco centro americano