El Salvador no tiene condiciones ambientales para recibir a miles de compatriotas que Trump pretende expulsar con el fin del TPS
Foto de OSV News/Nathan Howard, Reuters
Hoy miércoles 9 de septiembre de 2026 vence el Estatus de Protección Temporal (por sus siglas en inglés TPS), lo que dejaría sin apoyo migratorio a más de 170 mil salvadoreños/as que residen en Estados Unidos, exponiéndolos a un regreso forzoso a su país de origen.
Bukele al servicio de la política migratoria xenófoba de Trump. El fin del TPS no puede entenderse sin la relación de subordinación que Bukele ha construido con Trump. Desde ReverdES condenamos la política xenófoba de Trump que el gobierno de Bukele ha decidido secundar. En lugar de velar por sus connacionales migrantes, que enfrentan durísimas condiciones en Estados Unidos, ha optado por cooperar con una política xenófoba, poniendo a disposición el sistema carcelario salvadoreño para encerrar injustamente a otros migrantes de la región que atraviesan las mismas dificultades, y convirtiendo su modelo de seguridad autoritario en un producto de exportación mediática, funcional a la estrategia imperialista de Estados Unidos para el avance de las derechas en América Latina.
La política social de pobre a pobre
Por otro lado, El Salvador depende en gran medida económicamente de su diáspora en Estados Unidos, entre ellos los tepesianos. En 2025, las remesas familiares sumaron $9,987.91 millones, equivalentes al 24% del PIB nacional, consolidándose como la principal fuente de divisas del país. En la práctica han sido la única política social de pobre a pobre que ha funcionado en El Salvador, sosteniendo a miles de hogares.
Muchas de las personas beneficiarias del TPS son de origen campesino, que fueron expulsados del país jóvenes durante la década de los 90 e inicios de los 2000 buscando mejorar su situación en los Estados Unidos, cuando El Salvador apenas salía de doce años de guerra civil y comenzaba la época neoliberal.
El abandono estructural del campo salvadoreño
Cuando esa generación dejó El Salvador, hace treinta años, la situación del campo no estaba tan deteriorada como hoy. Se producía un ciclo de lluvias que se mantenía más o menos estable de mayo a octubre, mientras que en la actualidad ese ciclo se ha distorsionado por la crisis climática. Agosto de 2026 fue, de hecho, el mes más seco que registra El Salvador desde 1971, con un déficit de lluvia superior al 57%, lo que llevó al gobierno el pasado 25 de agosto a declarar emergencia nacional por sequía y perdidas agrícolas, ante el impacto del fenómeno de El Niño que también ha golpeado a países como Honduras y Panamá.
Sin embargo, la crisis climática no explica todo el deterioro del campo salvadoreño. También es resultado de un proceso histórico decisiones políticas neoliberales, explicitas e implícitas, sobre a quién, a qué y en qué condiciones se le facilita el acceso a la tierra, el agua y el territorio. Esas decisiones han priorizado a la oligarquía azucarera y al negocio inmobiliario, en detrimento de la agricultura de subsistencia y de las condiciones vida de las comunidades empobrecidas en El Salvador.
El gobierno de Nayib Bukele, caracterizado por romper récord en el otorgamiento permisos ambientales a favor de los negocios de la oligarquía, ha profundizado esa misma política. Según la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, en el ciclo agrícola 2024-2025 la producción nacional de granos básicos alcanzó los 15 millones de quintales, muy por debajo de los 25 millones que se necesitan para alimentar al país; mientras que la caña de azúcar incrementó su área cultivada en las últimas décadas.
Por su parte, el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería para 2026 aumentó respecto al año anterior a $188.9 millones, sin embargo, casi un tercio de ese monto se destina a fortalecer agromercados y centrales de abasto. Es decir, el Estado invierte en distribuir y comercializar alimentos, pero no en resolver el problema de origen: la caída de la producción nacional campesina de granos básicos. Entonces, lo que se distribuye depende, en gran medida, de las importaciones: El Salvador importa el 90% de las legumbres, verduras y frutas que consume, y una porción creciente de su maíz, frijol y arroz; lo cual ha puesto a más 732 mil personas en inseguridad alimentaria por la baja producción, precios elevados y dependencia del exterior.
Con el regreso de miles de compatriotas que probablemente no tendrán otra alternativa que regresar a sus lugares de origen, encontrarán condiciones ambientales y de biodiversidad más deterioradas. A esto se suma que varias de las comunidades han sido desalojadas por una ofensiva extractivista que impulsa proyectos como Surf City, el Aeropuerto del Pacífico y Kalamanda, como parte de un proceso de acumulación capitalista y de fetichización urbana al estilo bukeliano que hiper romantiza imaginarios capitalistas a través del espectáculo mediático de proyectos de infraestructura, mientras oculta la destrucción de los territorios y la expulsión de comunidades.
La seguridad no sustituye una política de retorno digno
Si bien funcionarios del gobierno utilizan el tema de seguridad para argumentar que los compatriotas afectados por el vencimiento del TPS pueden regresar al país con total tranquilidad, no es suficiente para garantizar condiciones ambientales, alimentarias, económicas, de vivienda y de vida en general.
Urge recuperar el campo. Desde el Movimiento Político Rebelión Verde de El Salvador (ReverdES), hemos planteado avanzar hacia una reforma agraria integral, popular y sustentable, como una alternativa radical frente a 35 años de neoliberalismo, el mismo modelo que nos sigue expulsando de nuestros territorios, y transitar hacia un modelo de desarrollo nacional que ponga al centro la calidad de vida de nuestro pueblo, el cuido sustentable de los bienes comunes y que reverdezca nuestro país.
