Democracia, racismo y progresismo en América Latina. ( Fragmentos de entrevista con Álvaro García Linera)

Frente a ellos, está una manera plebeya de entender, practicar y defender la democracia como un continuo movimiento de ampliación de derechos, comenzando por los derechos políticos a participar en la toma de decisiones de la vida en común, culminando en la ampliación del derecho a participar en el disfrute de los bienes económicos de una sociedad, de la riqueza colectiva, de los bienes colectivos y de la propiedad.

Democracia como estrategias de contención de la plebe o democracia como igualdad plebeya son las dos narrativas prácticas de lo democrático que se están disputando en el territorio latinoamericano de una manera tal que ninguna logra consolidarse de manera duradera, en medio de avances y retrocesos simultáneos. La democracia de igualdad retrocede en Brasil, pero logra triunfar México; logra una gran victoria en Argentina, pero cede frente al neofascismo en Bolivia.

A inicios del siglo XXI vino toda una década de una gran oleada de ampliación sustantiva de la democracia que llevó a que la mayor parte de los países latinoamericanos tuviera una sociedad movilizada expandiendo democracia y eligiendo gobiernos progresistas que fueron institucionalizando esos logros. Sin embargo, se trató de una oleada temporal que no logró consolidarse estructuralmente, ya sea por límites y luchas internas como por asedios externos, que dio paso a un reflujo de estas experiencias y a una contraoleada conservadora. Esta última tampoco logró ocupar todo el espacio continental ni articular un horizonte de expectativas de largo aliento, dando lugar a un escenario complejo de una simultaneidad coetánea de oleadas progresistas y restauradoras, de democratizaciones y desdemocratizaciones.

Lo paradójico de este escenario es que tanto la ampliación de derechos como la contrainsurgencia social -de hecho, procesos antagónicos- se hacen a nombre de la “democracia”; es como si la palabra desempeñara el rol de un imperativo de verdad, del que nadie puede desprenderse, pero al que todos quisieran darle su propia definición. Por ello lo que está en disputa no es tanto la “democracia” como forma de gobierno sino el significante de lo democrático: como modo de construcción ampliada de igualdades sociales sustantivas o como modo de sujeción de las desigualdades sociales. Y esa batalla por la significación de lo democrático, que tiene a su vez una función performativa de la realidad material del mundo, tiene como escenario a América Latina; una geografía social convulsa, intensa y en muchos aspectos vanguardista. De cierto modo, de lo que pase en América Latina va a depender lo que se entenderá por democracia en el mundo a futuro.

Está claro que para las clases populares la lucha por la democracia y la importancia de los actos electorales sólo cobran sentido si son el modo para lograr la igualdad, la ampliación de derechos, la satisfacción de necesidades. Por eso a medida que las distintas fracciones populares concurren en cohesión creciente, la democracia de igualdad gana terreno y legitimidad en nuestras sociedades. E inversamente, a medida que las elites adineradas y privilegiadas logran fragmentar y desmoralizar a los sectores populares, la democracia de contención adquiere preponderancia con su apego a los rituales electorales como único contenido de lo democrático. Y ambas maneras de entender la democracia hoy se disputan en cada rincón del continente, sin una clara supremacía de una sobre la otra, en un tipo de escurridizo y geográficamente cambiante “equilibrio catastrófico”.

¿Pueden convivir el racismo (más estructural) con la democracia en América Latina? ¿Hay solución frente a esa pulsión de odio hacia los sectores populares que se observa en Bolivia, pero también fuertemente en países como Brasil, Perú o Argentina?

Toda sociedad está conformada por personas que tienen más dinero que otras; que poseen propiedades inmuebles, una o varias, mientras que otras no; o familias cuyos miembros, de dos o más generaciones, han alcanzado profesionalizarse en tanto que otras familias sólo lograron terminar el bachillerato o menos. Pues bien, esas familias que poseen muchas propiedades, mucho dinero, muchos recursos, aunque no se conozcan entre sí, tienen afinidades en su preocupación por defender sus riquezas, por rodearse de personas que piensen más o menos parecido y que sus hijos se emparenten con otros jóvenes que ayuden a preservar o aumentar sus posesiones. Esta convergencia de intereses objetivos y expectativas subjetivas de conglomerados sociales es una clase social. Y lo mismo sucederá con quienes no tienen ninguna propiedad inmueble o muy bajos ingresos monetarios; o entre quienes tienen pequeñas propiedades inmuebles o empresariales. Cada una de estos conglomerados es una clase social o una fracción de clase.

Sin embargo, en sociedades poscolonizadas, las diferencias étnicas -ya sea idiomáticas, culturales o somáticas con las que inicialmente se identificaba visiblemente la ubicación de la clase colonizadora o de la clase o clases colonizadas- con el tiempo se constituyen en bienes igualmente monopolizables que demarca distinciones con efecto material en una economía de valoraciones y devaluaciones, según se exhiba alguno de los polos. Esto hace de la etnicidad un recurso, un activo, un “capital” en el caso de exhibir la etnicidad dominante; o una devaluación de su condición social, en el caso de que se exhiba la etnicidad dominada. Esto significa que en sociedades poscoloniales, la etnicidad es un componente objetivo más de la condición de clase social, y es usado para establecer estrategias de contención, devaluación o ascenso social.
Pero también en las sociedades poscolonizadoras -y en momentos de una intensificación de los flujos migratorios de países pobres a países más ricos- la etnicidad va a ser usada para regular el acceso a derechos de reconocimiento y de ciudadanía. De ahí que, en general en el mundo, la etnicidad sea una estrategia discursiva performativa de reubicación subalternizada de clase, un modo de forzar permanentemente fronteras imaginadas y visualizadas de clase con efecto de construcción material de clase social.

Por ello todo proceso de construcción de igualdad social necesariamente requiere desmontar el capital étnico, diluir las fronteras étnicas que “naturalizan” las desigualdades. Toda democracia de igualdad no sólo debe mejorar los ingresos de las clases populares sino que obligatoriamente debe suprimir las barreras discursivas e imaginadas de los “lugares” de las clases sociales. Pero, a la vez, toda democracia de contención ha de revitalizar y exacerbar esas diferencias étnicas precisamente para blindar los privilegios de los pocos ante el ascenso y el derecho de los muchos. Toda igualdad vuelve porosa, difusa y flexible los lugares de clase, los oficios de clase, las fronteras étnicas de clase. Y esto erosiona muchos privilegios de clase. Y es contra ello que las clases que se ven afectadas por sus privilegios, antiguas clases altas y medias, buscarán oponer resistencia, utilizar la fuerza y, por sobre todo, reforzar las distinciones étnicas. Se trata de una manera emocional y corporal de oponerse a la igualdad y, por ello, tanto más rencorosa y brutal. Es el momento de paroxismo político de las clases privilegiadas que las lleva a diluir sus diferencias con las formas fascistizadas del poder estatal y a revelar la impostura que se halla detrás de cualquier democracia de contención.

De una u otra manera la etnicidad es, por tanto, un campo de batalla de la propia democracia a la que ningún país del mundo escapa. Las políticas de inmigración implementadas por los países del Norte son, sin lugar a dudas, políticas racistas que subalternizan y limitan derechos, planetariamente a países, o nacionalmente a las clases laboriosas migrantes.

El hecho de que el racismo nuevamente haya despertado en el mundo -y, particularmente, en algunos países del continente- es una señal de la gravedad y radicalidad que están alcanzado las luchas por la igualdad y contra la igualdad. Y, de hecho, es previsible una intensificación de las luchas por las fronteras étnicas como estrategia de defensa de privilegios de clase. En el fondo, todo racismo es un método contrainsurgente de la igualdad, es decir, de la democracia.

¿Cuáles son los principales desafíos que tienen las fuerzas del espectro progresista en la región, considerando el contexto global de avance de la hegemonía neoliberal y la radicalización de las fuerzas conservadoras?

En términos generales, construir expansivamente fuerza social, fuerza política movilizada y fuerza ideológico-cultural tanto para la lucha de resistencia contra las ofensivas neoliberales como para la lucha por el poder estatal, pero también para la defensa de sus logros y su profundización.

Se dice fácil en un párrafo, pero en realidad es la acción humana más compleja y trabajosa del mundo. Las personas, los colectivos y las sociedades pueden atravesar décadas y hasta siglos en esta búsqueda de esa fuerza social y no logarlo. Pero es sólo ese horizonte lo que le da dignidad histórica a las clases plebeyas y a la historia humana; y al final, en algún lado, algún momento, todos los sufrimientos, las derrotas y los abusos soportados pueden hallar un repentino desagravio que le devuelve al pueblo la libertad de construir él mismo su destino.

De manera comprimida, fuerza social significa capacidad de unir, de articular las fracciones, los fragmentos, las divisiones y los faccionalismos internos de las clases populares. Son los esfuerzos para que la gente humilde halle en sus compañeros de destino más afinidades que diferencias y busque soluciones a sus problemas de manera más colectiva que individual, es la formación de un cuerpo social cada vez más extenso en el que sus integrantes amarran su devenir en el devenir de los demás.

Fuerza política es la capacidad de que esa articulación de acciones y expectativas populares asuma la voluntad de gobernar, la convicción practica de dirigir el país como un recurso inevitable para darle validez material y legal a sus requerimientos.

Y fuerza ideologico-cultural es la capacidad de lograr el consentimiento activo de los movilizados, de los neutrales e incluso de los que observan los acontecimientos, de que lo que se propone, se hace, se dice y su búsqueda será beneficiosa para toda la sociedad, o al menos para la mayor parte de ella. Nunca hay victorias populares prácticas, ni políticas ni económicas, si previamente una parte importante de la sociedad, comenzando por el propio pueblo, no está convencida de la legitimidad de esos objetivos.

De manera más precisa y particular en el caso de los gobiernos progresistas de América Latina, hay tres tareas fundamentales para defender y profundizar lo logrado.

La primera es seguir ganando de manera multiforme y en todos los terrenos posibles las batallas de las ideas legítimas de la sociedad, el monopolio de las ideas fuerza y la dirección del sentido común predominante en torno al cual las personas organizan su vida diaria y sus expectativas de futuro inmediato. Es en la dirección de los componentes del sentido común donde al final se dirimen las lógicas factuales del poder de toda nación.

Nunca olvidar que si las tareas de los gobiernos progresistas se van cumpliendo gradualmente, las condiciones de vida de las clases laboriosas van mejorando y, al hacerlo, las expectativas sociales de los sectores populares también se van modificando; es decir, el curso del sentido común va transformándose. El espacio de expectativas de las clases populares con ingresos bajos ha de ser distinto a las expectativas emergentes de cuando tiene ingresos medios; y si los gobiernos no saben comprender esta mutación de campos de expectativa social, mantendrán un discurso y unas enunciaciones válidas para una determinada composición de lo popular, pero inorgánica y anacrónica para la nueva composición de las clases populares. Y, al final, si sólo las fuerzas conservadoras logran entender esta modificación de narrativas sociales, convertirán el logro de relativo bienestar popular en un arma confrontada con los que fueron sus impulsores, los gobiernos progresistas.

La segunda, dar muestras palpables, convincentes y duraderas de que la búsqueda de modelos económicos alternativos al neoliberalismo ayuda a reducir las desigualdades sociales y generan mayor bienestar a las clases mayoritarias que el que se tenía anteriormente. Los sacrificios que todas las luchas por la igualdad suponen no pueden ser indefinidos; la superioridad moral de los ideales tiene que venir acompañada de modos palpables de conquista de espacios de bienestar que reafirmen la convicción de que, aunque es largo el camino emprendido, es mejor que el anterior abandonado. El posneoliberalismo no puede ser sólo un discurso contestatario: tiene que ser una manera de reorganizar el uso de los bienes comunes, de producir y redistribuir la riqueza de tal manera que se vaya creando mayor igualdad y mejoras a las clases plebeyas.

La tercera, mantener modos de movilización social capaces de defender los logros, los derechos ampliados que conllevan los procesos progresistas. Todo proceso progresista en favor de la igualdad que triunfa políticamente supone distintas maneras de movilización social, de autoorganización pública de las clases plebeyas. Su transformación en poder de Estado no debe significar la disolución, ni la burocratización ni el debilitamiento de las formas de organización social sino una transformación, adecuada a las nuevas circunstancias, para ser poder social y a la vez poder estatal. Es en esta dualidad, que a la vez es una tensión política, donde radica la clave de la defensa y la expansión de las experiencias progresistas.

Sólo poder social sin poder estatal deja en manos de las clases adineradas el monopolio y los recursos estatales que serán utilizados para desmontar, más pronto que tarde, el poder social logrado por las clases populares. Pero, a la vez, sólo poder estatal sin poder social que lo acompañe siempre convierte la fuerza y la lucha social en un meros engranajes administrativos del Estado, Y sus intenciones y decisiones, por muy favorables que sean en favor del pueblo, no sólo serán decisiones tomadas por los que monopolizan el poder del Estado, sino que la defensa o el fin de esas medidas recaerá en las propias estructuras coercitivas del Estado y ya no en la propia sociedad. Y al final, en este caso la duración del progresismo dependerá del humor de las fuerzas coercitivas del Estado, siempre susceptibles al soborno de los poderes fácticos internos y externos, y al encuadramiento con las emisiones discursivas de las clases altas enemistadas con la igualdad. Quien, al final, defenderá sus logros ante las múltiples amenazas necesariamente tiene que ser la propia sociedad organizada, las distintas maneras orgánicas que las propias clases populares, por territorio, oficio o afinidad, han creado a lo largo de las luchas contra el neoliberalismo.

La fuerza social que triunfa y sostiene las experiencias progresistas no puede ser solamente administradora del Estado. Es un hecho de igualdad que los sectores plebeyos puedan ocupar la gestión estatal, pero a la vez es una necesidad imprescindible del propio triunfo popular mantener la vitalidad de la fuerza social por fuera del Estado. Estar en el Estado y estar simultáneamente fuera del Estado es una contradicción. Pero en el cabalgar esta contradicción radica la clave de la continuidad y defensa de la experiencia progresista de la democracia como construcción de igualdad.

Fragmentos de entrevista con Álvaro García Linera